NOSOTROS SOMOS NUEVA CULTURA POLíTICA

 POR MELBA LUZ CALLE, EL 9 DE MARZO, EN RIBAFORADA, :
https://docs.google.com/file/d/0B8MZNSvgS7oGeG02aUpHQUtSWUd5X3lyc2s0My1Cdw/edit

¿Nueva Cultura Política en Navarra?

Por:  Melba Luz Calle Meza. Profesora de Teoría del Derecho y miembro de Geroa Bai de La Ribera.
        
En un reciente análisis sobre las últimas elecciones generales en Navarra Jesús Urra (Batzarre) plantea las debilidades de Geroa Bai: se trata de "una fuerza política con una estructura débil; que depende en demasía de una persona y de un periódico; resulta curiosa la presencia en la sombra del PNV". Y algunas dudas sobre su futuro: ¿se orientará hacia el centro, hacia la izquierda o permanecerá en una indefinición vacua en bastantes cuestiones ajenas al hecho nacional?... ¿Logrará o no su consolidación organizativa?". (Ezkerretik Berrituz, enero 2012).

El estudio realizado por nuestro buen amigo Jesús Urra es certero en varias cuestiones generales, aunque respecto de las debilidades así como del porvenir de Geroa Bai, parece haber olvidado algunos elementos de juicio que ofrece la Nueva Cultura Política (NCP). Esta es una noción propuesta por teorías sociopolíticas cuyos autores más relevantes son el sociólogo TN Clark y el politólogo R. Inglehart (autor de La revolución silenciosa y de El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas), según las que, a lo largo de los últimos quince años, se ha producido un cambio muy notable en el sistema de valores y de comportamiento electoral en los ciudadanos de las democracias postindustriales. Se trata de conclusiones surgidas de estudios fundados en amplias encuestas repetidas durante varios años en países de Europa y América a ciudadanos, líderes políticos, funcionarios... Por tanto, las mismas no son meras formulaciones especulativas, sino que tienen una notable base empírica. 
Aquí se van a revisar primero los principales presupuestos de la teoría y luego se verá el grado de aplicación de la misma en Navarra.

Los aspectos clave sobre los que llama la atención la NCP se resumen en tres grandes características íntimamente relacionadas:
1. La transformación de la distinción clásica de izquierda-derecha y ascenso de los valores postmaterialistas: según la política de clase tradicional, la derecha es conservadora tanto en las cuestiones fiscales como sociales, mientras la izquierda siempre adopta posiciones progresistas en ambos temas. Sin embargo, en la NCP se pueden encontrar posiciones críticas respecto del gasto público descontrolado cuando las entidades no prestan eficientemente los servicios (en esa medida conservadoras), y al mismo tiempo se mantienen actitudes altamente democráticas en temas sociales, tales como los nuevos roles de la mujer, el multiculturalismo, la inmigración, etcétera.

Asimismo, la NCP expresa el creciente interés por los llamados valores postmaterialistas, tales como la conservación de los recursos, el control de la contaminación y del deterioro del medio ambiente, la descentralización, las libertades individuales, la democracia participativa. Tales cambios se traducen en pérdidas de lealtades de voto a los partidos y en el desgaste del significado de sus posicionamientos en el eje derechas-izquierdas, lo que conlleva una apertura a nuevos espacios electorales. Estos escenarios diferentes se manifiestan en el voto verde, así como en ámbitos centrados en problemáticas locales concretas y en el aumento de la participación ciudadana.

2. Carácter no mediado de la interacción líder-ciudadanía y declive de las organizaciones políticas burocratizadas: En la NCP prevalece la relación directa con el ciudadano sin mediación de organizaciones o grupos.

3. Aparición de nuevos sujetos políticos en la sociedad civil: la NCP se caracteriza por el surgimiento de diferentes movimientos sociales. Su desarrollo y lógica de actuación responden a la defensa de causas concretas y derechos de la ciudadanía con respecto a temas no articulados en torno a posiciones ideológicas de clase. En cuanto a los cambios socioeconómicos relacionados con la NCP, predominan el aumento del nivel educativo y del nivel de vida de la población. 
Pues bien, en Navarra se cuenta con dos indicios objetivos de que ya se ha dado efectivamente un cambio en la cultura política: El primer signo de transformación consiste, evidentemente, en las variaciones del sentido del sufragio en los resultados de las elecciones generales, con los 42.461 votos obtenidos -contra todo pronóstico- por una coalición en la que no participaron tres de los partidos políticos que integraron Nafarroa Bai y que aparecían como más fuertes en este escenario, es decir, Batzarre, Aralar y Eusko Alkartasuna.

Una vez autodesvinculados del proyecto estos partidos, y con el único apoyo del PNV, aunado al esfuerzo de un destacado grupo de gentes independientes y no profesionales de la política, parece que el espectacular número de votos logrados por Geroa Bai se debió a una razón mucho más poderosa que cualquier estructura: una idea, una ilusión, una expectativa. Esto es, la idea del cambio, la ilusión de tratarse de algo nuevo y diferente. Y una gran expectativa sobre la posibilidad de llevar a la realidad un nueva forma de hacer política no contaminada con los viejos vicios de la política tradicional.
Todo ello, sumado a otro dato contrastable que es el ya consolidado prestigio de Uxue Barkos, labrado gracias a su riguroso desempeño en el Parlamento, donde desarrolla una acción acorde con la NCP: propuesta de objetivos ecologistas y feministas, defensa de intereses locales en materia de protección de medio ambiente tales como el rechazo al polígono de tiro de las Bardenas y a las centrales térmicas de Castejón, o el asentamiento de la descentralización y la autonomía foral en contra de los envites recentralizadores del actual Gobierno, por destacar solo unos pocos. El prestigio de Uxue es un hecho incuestionable pues, como es sabido, la parlamentaria de Geroa Bai es actualmente la tercera dirigente política más valorada del país según el barómetro del CIS. De esta forma, lo que tacha Urra como dependencia de una persona, en realidad consiste en un hecho positivo, que Uxue Barkos es la política navarra más conocida del ámbito español.

Estas circunstancias contribuyen a afirmar en Navarra las tesis de la NCP sobre el declive de las organizaciones políticas burocratizadas, por una parte, y sobre la aparición de nuevos sujetos y movimientos políticos, por la otra.

Otro aspecto decisivo ha sido la concordancia del programa electoral y del discurso político de Geroa Bai con esos nuevos valores llamados postmaterialistas. Y, posiblemente, la mayor sintonía con los electores residió justamente -no en la ambigüedad como insinúa Urra-, sino todo lo contrario, en la constatación de la realidad plural de la sociedad navarra como virtud y en la sensata propuesta sobre un nacionalismo cívico incluyente que busca integrar a sectores nacionalistas o abertzales, soberanistas o postsoberanistas; de la izquierda vasquista no nacionalista con navarros progresistas que creen en la sociedad multicultural, para dirigir esa Navarra pluralista.

Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de consolidación y desarrollo de esta Nueva Cultura Política en la Comunidad Foral? Es igualmente difícil responder con rigor a este interrogante mientras no se tengan informes derivados de investigaciones sociológicas.

No obstante, en Navarra se evidencian rasgos de desarrollo postindustrial; además, es sabido que esta comunidad se caracteriza por un alto nivel de vida -ha mantenido en los últimos años las primeras posiciones en el ranking regional de desarrollo humano, junto a la CAV y a Madrid-. Y otro tanto puede decirse del creciente porcentaje de personas que alcanzan el nivel de educación superior según el informe oficial del 2011. Todos estos hechos favorecerían la NCP entre nosotros. 
Igualmente, según las teorías consideradas, puede contribuir a la expansión de la NCP la adopción de formas de organización políticas más cercanas a los nuevos movimientos sociales, así como a organizaciones fundamentalmente democráticas, poco jerarquizadas o burocratizadas y basadas en el trabajo y el mérito como único criterio de promoción de sus miembros para vencer a las típicas relaciones clientelistas de la política tradicional.

Con todo, en contra del avance de la NCP actuaría el sistema electoral y de partidos vigente, así como la reinante crisis económica que podría dar un nuevo impulso a la aún existente política de clases y, su principal corolario, el eje izquierda-derecha. Si bien Geroa Bai no ha sido, ni lo va a ser, una formación ajena a la justicia social y así lo ha percibido hasta hoy el propio electorado navarro.


Nota: este artículo ha sido publicado hoy miércoles 7 de marzo, en el Diario de Noticias - Tribuna Abierta.

ACTO POLÍTICO : UXUE BARKOS EN RIBAFORADA

UXUE BARKOS EN RIBAFORADA Día: Viernes, 9 de MARZO de 2012 Hora: 20.00 H Lugar: SALA POLIVALENTE DEL AYUNTAMIENTO   Intervendrán: MANU AYERDI MELBA LUZ CALLE RAFA ERASO Invita: GEROA BAI EN LA RIBERA- ERRIBERAKO HERRIGUNEA

La inconstitucionalidad de la Ley de amnistía

Un comentario a propósito de la absolución de Garzón en el caso de la persecución de los crímenes del franquismo:

El Tribunal Supremo español finalmente ha absuelto al juez Garzón en el caso de la persecución de los crímenes del franquismo, porque consideró que no hubo prevaricación por parte del juez sino una interpretación divergente del Derecho positivo español. Sin embargo, el Tribunal Supremo olvidó en su sentencia varias cuestiones importantes tal como lo señala en el artículo anteriormente reproducido y publicado ayer en el Diario de Noticias. 

Respecto de los crímenes del franquismo siempre se ha debido tener en cuenta, como lo ha hecho el Supremo en esta ocasión, a la vigente Ley de Amnistía de 1977.

Quizás ya sea hora de que entre en juego el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Este Alto Tribunal debería estudiar la posible derogación de la Ley de Amnistía por "inconstitucionalidad sobrevenida" ya que es abiertamente contraria a la Constitución de 1978. 

En ejercicio de su labor de "legislador negativo", el máximo tribunal podría expulsar definitivamente del ordenamiento jurídico unas normas manifiestamente opuestas al actual sistema jurídico, tal como lo previó Hans Kelsen cuando diseñó la Constitución autriaca en 1920.

No obstante, según el sistema vigente en España, se requiere la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley. Que sólo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados del Congreso, 50 Senadores, los Gobiernos autonómicos y los Parlamentos autonómicos. 

Otra vía, que habría que estudiar, sería la del recurso de amparo contra la misma Ley por una posible vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas del franquismo. Así entraría de lleno en el asunto la autoridad suprema en materia constitucional del Estado español.

Por Melba Luz Calle Meza

EL TRIBUNAL SUPREMO ABSUELVE A GARZÓN EN EL CASO DE PERSECUCIÓN DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

La desmemoria del Tribunal Supremo


POR JOSÉ IGNACIO LACASTA-ZABALZA, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO - Sábado, 3 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 05:10h




EL Tribunal Supremo ha dictado sentencia finalmente por el caso de Garzón y su persecución de los crímenes del franquismo. Decisión que ha sido absolutoria del delito de prevaricación. Pues el tribunal no ha encontrado que el juez haya dictado, a sabiendas además, ninguna resolución injusta.


Hay una contradicción clara que el Tribunal Supremo no oculta entre el Derecho Internacional y el español con respecto a los crímenes de lesa humanidad, así como sobre la prescripción de estos determinados delitos. Por resumir la posición legalista del Tribunal Supremo, éste no encuentra que puedan perseguirse delitos de ese calibre en el sistema jurídico español, mientras no haya tipicidad de los mismos en nuestra legislación. Esto es, mientras estos tipos del delito no estén perfectamente previstos como tales -sus supuestos de hecho y sus consecuencias- en la normativa jurídica española.


Al fin y a la postre, se trata de una divergencia en el territorio de la interpretación del Derecho en la que, como destaca el voto particular concurrente del magistrado Julián Sánchez Melgar, con fuerza y agudeza, falta el elemento subjetivo, a sabiendas exige la ley, para que la conducta del juez Garzón hubiera sido prevaricadora. Una divergencia en la aplicación del Derecho que pretende como objetivo hacer justicia a quienes no se les ha facilitado (los familiares de víctimas del franquismo y desaparecidos) nunca puede ser una prevaricación.


Esto ya lo sabía el Tribunal Supremo y choca muy mucho tanto que se hubiera admitido la acción procesal a instancias de organizaciones ultraderechistas, como que se dejase llegar el procedimiento hasta el juicio oral sin archivar este caso carente de fundamento. A cambio, se ha emitido una sentencia sobre un asunto tremendamente delicado, de los no resueltos en la democracia española, que permite un mejor conocimiento de los límites de la misma.


Un defecto serio que tiene esta decisión judicial es su intento constante de mantener una equidistancia entre republicanos y franquistas. Olvida, demasiado a menudo, que el lado legítimo de la contienda estaba en la defensa de la República; y la Constitución de 1931, para unos amantes de las normas como los magistrados del Supremo, debería ser suficiente criterio para no caer en ese frecuente extravío de considerarse árbitros entre unos y otros. Por otro lado, y dado que en este proceso se examina la represión nada menos que hasta 1952, deberían haber deducido que la guerra terminó el 1 de abril de 1939.


No se trata de negar las atrocidades cometidas en zona republicana ni mucho menos sino de afirmar que es imposible la equidistancia cuando el poder franquista continuó su política de exterminio mucho más allá de la contienda bélica. Piénsese que la Ley de Represión de Masonería y Comunismo duró desde 1940 hasta ¡1962! Y así se sabrá que esa planificación genocida (destrucción calculada de grupos nacionales por motivos políticos y religiosos, como lo define la actual legislación internacional) no admite parangón más que con su propia criminalidad que, para una buena parte de los juristas de todo mundo y organismos correspondientes, es imprescriptible.


En un momento importante de la sentencia, ésta llega a hablar de "un hecho tan poliédrico como el de la guerra civil y la subsiguiente posguerra". Como poliédrico es lo que tiene varias caras, esto es falso sin más. Porque los hechos de la posguerra, desde los fusilamientos con consejo de guerra a los frecuentes desaparecidos, no tienen más que una cara: la del franquismo en el poder. Dictadura, que es la única responsable de los abundantes desmanes sucedidos en todos los años cuarenta y cincuenta.


Sostiene el TS que la Ley de Amnistía 46/1977 se dictó en sede parlamentaria a favor de -insisten los magistrados en la idea- los dos bandos. Y que (textualmente) "en ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus crímenes".


Se olvida el alto tribunal de varias cuestiones sumamente importantes:


a) Los miembros de la resistencia antifranquista defendíamos lo que hoy son derechos fundamentales o Derechos Humanos internacionalmente reconocidos (derechos de asociación, reunión, huelga, expresión, etcétera) luego recogidos en la Constitución de 1978; así que, en puridad jurídica, nadie debía perdonarnos nada y menos que nadie el ilegítimo poder franquista que consideraba delitos (asociación ilícita, propaganda ilegal, etcétera) esos mismos derechos.


b) La Ley de 1977 exculpó a los funcionarios que cometieron o pudieron cometer delitos contra las personas (literalmente: "delitos cometidos por funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos en las leyes"): lo cual es una exculpación general de las torturas y asesinatos ejecutados por los militares y las policías políticas al servicio de Franco.


De otra parte, aunque el TS reconoce que organismos internacionales diversos han exigido al Reino de España que abrogue esa Ley de Amnistía, y que en otras sedes jurídicas no se admite la doctrina laxa española de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, queda el fondo del problema:


a) La Constitución de 1978 prohíbe las amnistías o indultos generales (art. 62.i del texto).


b) Su disposición derogatoria 3 anula todas las disposiciones opuestas a esa Constitución. Así que…


Así que el Tribunal Supremo deja este enojoso asunto en manos del Parlamento, que es quien detenta el poder legislativo y puede derogar esta ley. Pero nadie puede negar -ni el propio Tribunal Supremo- su carácter contrario a la vigente Constitución.


Aun y todo, pese a estos y otros defectos, se trata de una sentencia muy meditada, razonada y útil. Con un poco de mala uva se podría creer que, sin ser redactada desde luego por El Mundo, sí que podría haber sido escrita por El País. Porque allí se ven las ideas de Santos Juliá y del fallecido Javier Pradera, incluso las críticas a quienes siempre fuimos críticos de la impunidad de los crímenes franquistas. O el recordatorio de las medidas favorables a los excombatientes republicanos ¡a cuarenta y tantos años vista del fin de la contienda! Pero, como en los escritos de Juliá y Pradera, tampoco ha resuelto la decisión del Tribunal Supremo los vivísimos problemas de los familiares de los miles y miles de cadáveres republicanos y antifranquistas por desenterrar que hay en toda la piel de toro.


En cuanto al juez Garzón, ahora absuelto, ni todo el agua del Jordán puede lavar la mala imagen persecutoria del Tribunal Supremo con tres procesos por prevaricación abiertos contra el famoso juez. Ni que fuera un prevaricador compulsivo, como lo ha escrito irónicamente el magistrado José Antonio Martín Pallín. Garzón, a quien le ha perdido su "estrés hermenéutico" (son sus propias palabras) y la cantidad de enemigos por metro cuadrado que se ha labrado todos estos años.

UN FACCIOSO CIEN POR CIENTO

José Ignacio Lacasta-Zabalza nos llama la atención para que no nos creamos que la buena educación del ministro Gallardón se pueda relacionar de alguna manera con un pensamiento progresista o avanzado. Nada más lejos de la verdad, se trata de un político fuertemente reaccionario y que, a la primera oportunidad,  no ha dudado en amenazar con derogar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

DIARIO DE NOTICIAS
Un faccioso cien por ciento
POR JOSÉ IGNACIO LACASTA-ZABALZA, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO - Sábado, 18 de Febrero de 2012 -

       
HACE ya algunos años pude escuchar a un conocido miembro del PP, uno de los llamados padres de la Constitución, cómo se reía de determinados personajes de la izquierda madrileña por haberse creído que Ruiz-Gallardón era un progre o una especie de político de suave centrismo y no lo que es: un nacional católico que identifica España con su particular religión, es decir, un integrista o ultramontano de tomo y lomo.

Que Ruiz-Gallardón haya usado buenas maneras y pocas estridencias en su trato político no hace sino poner de relieve la hipocresía de sus acciones. Las personas que así obran, dicen en Colombia, lo hacen con "nadadito de perro".

Y con ese "nadadito de perro", Gallardón se ha arrojado al río de la política y ha anunciado que va a cercenar los derechos de las mujeres, va a abolir la legislación de plazos en materia del aborto, y a retornar a la situación legal de 1985. Manifiesta así que estamos ante un cabal reaccionario, porque, se vista como se vista, según el diccionario es tal quien propende a restablecer lo abolido. Por más que lo adorne luego con lo del matrimonio de los homosexuales que, muy cuco, ha condicionado a lo que diga el Tribunal Constitucional. Cuando, si fuera partidario de la legislación actual, lo que debería haber hecho es defender que su partido retire el infame recurso que interpuso contra las vigentes normas que autorizan los esponsales entre personas del mismo sexo.

Por cierto, hay medios de comunicación que han picado y se han creído que los del PP están algo así como divididos con respecto a las nupcias de las personas homosexuales. Simplemente, se han repartido los papeles para hacer ver que allí caben políticos de todas las tendencias. Si bien nadie del PP ha sostenido que vayan a desistir del recurso que interpusieron en su día ante el Tribunal Constitucional.

En esta sociedad, a diferencia de la francesa, no hay partidos políticos fuertes de ultraderecha. Esos millones de fanáticos, que los hay sin duda, están dentro del Partido Popular; quien se siente deudor ante semejante fuerza (Intereconomía y su toro, la COPE, periódicos varios, tertulias machacantes, manifestaciones contra el aborto, etcétera). Entes y personas que actúan al dictado moral de lo más retrógado del episcopado católico con Rouco Varela a la cabeza.

De ahí que Gallardón nos hable del concebido (qué curioso: ya no usa lo del nasciturus), del derecho a la vida, para postular en la práctica que hay que abolir la legislación de plazos y retornar a la situación de 1985. Qué idioma tan poco constitucional; con lo sencillo que es emplear las reflexiones de Tomás y Valiente sobre este asunto y recordar que la Constitución se refiere en concreto a la libertad de las mujeres dentro del valor superior de la libertad (artículo 1.1 del texto) y no dice nada de tan abstracto "derecho a la vida" inventado por juristas nacional católicos como el actual ministro de Justicia.

Gallardón se ha mofado, además, de los millones de personas que estamos en desacuerdo con su actitud. Ha dicho que se siente ¡progresista! al formular semejante retroceso. O sea que, en ese su particular lenguaje de las cosas al revés, progreso es lo que va hacia detrás y no lo que se proyecta hacia delante. Así que, pese a su estética de madurito opositor a judicaturas y repipi sabelotodo, hay que otorgarle un merecido suspenso en lengua castellana por confundir a las mentes avanzadas (llamadas progresistas) con el cangrejo (cuya marcha para atrás bien podría ser su propio símbolo y el de su partido).

Por otro lado, esto va a traer una fuerte división en el seno de la sociedad civil. ¿Es que nadie se acuerda ya de los enfrentamientos de los años ochenta? ¿se quiere volver a aquel montaraz diálogo de sordos entre partidarios de la libertad de las mujeres y los del nasciturus, hoy concebido, en el jurídico léxico de Gallardón?

Y es que el proceder de Gallardón es bastante típico de la derecha española. Le trae sin cuidado lo que piensen tantísimas mujeres ni la secularización imparable de una sociedad en la que los matrimonios civiles superan ya a los religiosos. Quizá por eso los quiere pasar por el notario, para penalizarlos por el pago y que no haya espacio suficiente en las notarías para las celebraciones y jolgorios habituales. Por lo menos, que no festejen sus paganos esponsorios, se dirá seguramente tan tieso y pío ministro.

Realidad, lo que se dice realidad para la derecha, es la suya, nunca la de quienes piensan diferente y menos, como es el caso, si anda la religión por medio. En la lengua castellana que hablaban nuestros liberales y republicanos, los partidarios de la dictadura de Primo de Rivera y la de Franco eran facciosos. Porque defendían nada más que sus propios intereses de bando, de facción, de partido, adobados con una manera unilateral y obligatoria de entender el catolicismo y, sobre todo, ajenos totalmente al interés general recogido en la Constitución y en los procedimientos democráticos de respeto a todas las ideas.

Gallardón así lo ha querido y el enfrentamiento civil está garantizado. No tengo ninguna duda sobre la respuesta fuerte y colectiva que tendrá ese atildado y orgulloso ministro de Justicia, quien no pasa de ser -se lo debo a Benito Pérez Galdós- un faccioso cien por ciento.

MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD CON CASTEJÓN

Los miembros de Geroa Bai en la Ribera-Erriberako Herrigunea manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a la plataforma Ribera + Centrales No en su solicitud al TSJN sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el segundo grupo de la central térmica del Elerebro en Castejón. 

Igualmente, nos posicionamos en contra de las recientes declaraciones del Ministro de Industria, José Manuel Soria, puesto que constituyen una falta de respeto a toda la  ciudadanía de Castejón y a los demás vecinos riberos identificados con los castejoneros y castejoneras.

Dichas declaraciones instauran un abierto desacato de una sentencia en firme del Tribunal Supremo y, por tanto, son un atentado al Estado de derecho.

Por último, expresamos nuestra incondicional adhesión a la moción presentada por el colectivo Ribera + Centrales No en el Ayuntamiento de Castejón solicitando la ejecución de la sentencia.

¡¡¡¡¡¡EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA YA.!!!!!!

GEROA BAI EN LA RIBERA-ERRIBERAKO HERRIGUNEA