En el dia de la república enviamos un saludo a todos los republicanos y republicanas de navarra: ¡¡¡¡ feliz catorce de abril!!!
y, reproducimos este artículo, del diario de noticias de hoy, en el que se tratan aspectos clave de la segunda república, tales como:
que fue el golpe de estado del 18 de julio de 1936, en contra de la constitución de 1931 y del sufragio universal, lo que dio inicio a la terrible guerra civil española. cuestión sobre la que -parece un mal chiste- no existe hoy acuerdo entre todas las fuerzas políticas de este país, sin que importen sus diferentes ideologías.
¡¡¡¡¡ Viva la república !!!!
DIARIO DE NOTICIAS, TRIBUNA ABIERTA, 14 DE ABRIL DE 2012
POR: JOSÉ IGNACIO LACASTA, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO.
LEGITIMIDAD REPUBLICANA
EL pasado mes de
diciembre se cumplieron 80 años de la promulgación de la Constitución
republicana de 1931. Una buena ocasión para promover una cultura constitucional
democrática, liberal en el mejor de los sentidos: la del moderno ejemplo de una
ley que reconoció por primera vez que mujeres y hombres podíamos ejercer el
derecho a elegir y ser elegidos.
Aunque nada más fuera por eso (que no es un
rasgo menor sino importantísimo), ya se debería elogiar al sistema
constitucional que lo logró. Por más que hubiera cerriles diputados de
izquierda opuestos a la medida igualitaria con la excusa atávica de alegar que
las mujeres españolas estaban sometidas a los confesionarios y los curas.
Pretexto, el de las féminas subordinadas a los designios eclesiales, que se
vino abajo con el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936.
En cambio, los poderes públicos actuales se han
lanzado a celebrar por todo lo alto la efeméride de la Constitución de 1812, la
famosa Pepa. Con el nada disimulado intento de
fomentar un nacionalismo español de artificioso marchamo liberal. Liberalismo
de corta duración en el tiempo, pues a continuación fue sajado de raíz por el
absolutismo de Fernando VII (aquel monarcanarizotas,
cara de pastel de las burlas populares
decimonónicas). Y liberalismo de escaso aliento, pues el artículo 12 del tan
festejado texto de Cádiz establecía la obligatoriedad de la religión católica,
apostólica, romana, única y verdadera, con prohibición en el suelo patrio de
todas las demás religiones. Lo que significaba y significa una consagración
expresa de la intolerancia y el fanatismo.
¡Menudo espíritu liberal! Algo que ya denunciara
en su día José María Blanco White. Un liberal de muchos quilates de los días de
Cádiz, silenciado hoy por toda la propaganda a favor de laPepa, para uso borbónico y de los
políticos del PP, no vaya a ser que se note demasiado que ya en 1812 los
reaccionarios del lugar intentaban tapar la boca a los liberales como Blanco
White.
Por el contrario, la Constitución de 1931 está
muy cerca y no tiene muchas simpatías. Su invocación recuerda que no se tuvo el
coraje cívico preciso para que figurase en el preámbulo de la de 1978 como
inmediato antecedente democrático (el único que se podía esgrimir). Mentarla
supone, pues, cuestionar la supuesta santidad de la tan ensalzada Transición.
Porque, ¿cómo es que los diputados constituyentes no se atrevieron entonces a
rechazar el franquismo y rehabilitar institucionalmente la República derrocada
por las armas?
Porque el hecho es que el texto de 1931 separaba
con toda claridad la Iglesia, las iglesias, del Estado. De acuerdo con que le
sobraba su ramalazo anticlerical, la disolución de la Compañía de Jesús (una
Constitución no está para esos menesteres) o ciertas abusivas prohibiciones.
Pero sus defectos no invalidan en absoluto sus muchas más virtudes: Tribunal
Constitucional (de Garantías se llamaba), Estatutos de Autonomía, derechos y
libertades, son los precedentes directos, a veces mal cumplidos o incumplidos
(como la escuela laica y gratuita) de la Constitución de 1978.
Hay intelectuales de izquierda que han
interiorizado la estrategia machacona de ver todo como un enfrentamiento entre los
unos y los otros y
jamás hablan de las cualidades de la Constitución de 1931. Sencillamente, les
da miedo. Una perspectiva parecida mantiene el Tribunal Supremo que, en su
sentencia absolutoria de Garzón por el asunto de los crímenes del franquismo,
no dice ni una sola vez que la Constitución de 1931 era la legítima y fuente de
toda legalidad democrática. Todo son equidistancias, a medio camino entre los
dichosos unos y otros, con la subsiguiente
ocultación del atentado del 18 de julio de 1936 contra la única Constitución
legítima entonces existente. Con lo cual se da pábulo a las insistentes
mentiras de la ultraderecha en los medios de comunicación; se favorece su
andadura, cuando repiten que fue la propia República la que desembocó en la Guerra Civil.
La República no era ningún río desbocado sino un
Estado democrático, y fue un golpe militar lo que generó la contienda civil.
Nada curiosamente, en vísperas del 18 de julio, fue el faccioso teniente
coronel Valentín Galarza, coordinador principal de los golpistas, quien primero
utilizó el verbo desembocar y la posibilidad posterior de la
guerra civil (Ángel Viñas, La conspiración del General Franco,
Crítica, Barcelona, 2011, p. 194)
Cada régimen tiene su propia legitimidad, Franco
decía en las monedas que era caudillo de España por la gracia de Dios. Así que
por la gracia de Dios se legitiman unos. Y por los votos de la ciudadanía se
legitiman los regímenes democráticos como la Segunda República española, que se
instauró sin disparar un solo tiro y fue derrocada mediante una acción bélica
cruenta con todo lo que vino después. La República no se disparó a sí misma, no
se fusiló, sino que fue llevada al paredón por unos militares que le habían
jurado fidelidad (juramento entonces obligatorio para permanecer en el
Ejército). Esta perspectiva fundamental, el origen democrático del poder
republicano, es la que se pierde cuando se renuncia a defender la Constitución
de 1931 y su contenido.
Los claroscuros de la República, sus
insuficiencias, sus errores, pueden estudiarse histórica, científicamente, y
para eso hay más que abundante documentación. Eso es una cosa, y otra que se
acepten dos cuestiones que vician todo el sistema político donde vivimos: a) el
silencio de la legitimidad de la Constitución de 1931 y b) la resistencia a
admitir el golpe militar del 18 de julio de 1936 como una acción dirigida
contra esa Constitución y contra el sufragio universal (que no se volvió a
convocar ¡hasta 1977!).
Esto debería ser, y no lo es, un acuerdo de
Estado de todas las fuerzas políticas, nacionalistas, izquierdas, derechas y
centro. Ahí radica la diferencia con Francia, Portugal, Italia y no digamos
Alemania, cuyo pasado es patrimonio común de toda la ciudadanía. Ahí figura un
serio déficit de la democracia española, como lo ha puesto de manifiesto el
excelente trabajo de Ramón Cotarelo Memoria del franquismo (Foca, Madrid, 2011).
Y a quienes digan en nuestras tierras, por
nacionalistas irredentos, que la Constitución de 1931 es, al fin y al cabo,
española, que cavilen también en el ejemplo de Manuel Irujo, nacionalista vasco
y navarro ministro de Justicia de la Segunda República. Que piensen,
sencillamente, en las diferencias entre Federico García Lorca y Francisco
Franco: los dos eran españoles.
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